Si se aprueba el proyecto de uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en el Senado, sus señorías podrán seguir hablando de las vacaciones y del fútbol en el bar del Senado en castellano (la lengua que todos conocen), mientras necesitarán traductores para hablar de los temas para los que les pagamos: los problemas reales de los ciudadanos.
Una manera más de despilfarrar dinero público.
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